El miércoles, 10 de junio de 2020, un juez de Nueva York dictaminó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden detener o arrestar a inmigrantes indocumentados en o alrededor de los tribunales estatales, aumentando en gran medida la probabilidad de que las personas indocumentadas se sientan más cómodas participando en procedimientos legales o presentando sus propios casos.
El fiscal de distrito de Brooklyn Eric Gonzalez y la fiscal general de Nueva York Letita James presentaron este caso contra ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en septiembre de 2019, argumentando que ICE no tenía derecho legal a llevar a cabo redadas migratorias en o alrededor de los tribunales del estado de Nueva York, y que esto interrumpió en gran medida los procedimientos judiciales estatales.
El juez Jed Rakoff, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, negó la moción de la administración Trump para desestimar el caso de Gonzalez y James en diciembre de 2019. Rakoff dictaminó el 10 de junio de 2020 para poner fin a la política de la administración de Trump que permitió a los agentes federales de ICE interderir con los procedimientos del estado de Nueva York y los tribunales locales, según un comunicado de prensa de la oficina de James.
Las redadas de ICE en las cercanías de los tribunales del estado de Nueva York han ido en aumento en los últimos tres años. Según un estudio de 2019 del Proyecto de Defensa de Inmigrantes, las operaciones de ICE en los tribunales de Nueva York y alrededores aumentaron un 1,700 po ciento entre 2016 y 2018. Además, los oficiales de ICE a menudo iban en contra de sus propias regulaciones al hacer arrestos. Por ejemplo, los oficiales de ICE deben proporcionar información básica sobre su identidad y dar una explanación para hacer un arresto. Muchos oficiales de ICE observados en este estudio llevaban ropa de civil sin placas de identificación visibles mientras realizaban arrestos dentro o fuera de los tribunales, y se negaron a responder preguntas sobre por qué estaban llevando a las personas bajo custodia.
La prevalencia de estas redadas estaba disuadiendo a los inmigrantes de participar en procedimientos judiciales, lo que tienen derecho hacer. La oficina de Gonzalez declaró que “…los arrestos de ICE en los tribunales interrumpen las funciones judiciales, pisotean a los derechos del debido proceso del acusado, ponen en peligro la seguridad pública, y disuadieron a los inmigrantes de denunciar crímenes.” Debido a que muchos inmigrantes a menudo tenían demasiado miedo de acudir a un tribunal, ya sea para ayudar en la aplicación de la ley o para proteger a sus propios derechos, muchos casos penales y civiles válidos fueron abandonados o nunca perseguidos, haciendo que las comunidades fueran menos seguras.
Además, hasta este fallo, fue posible que el estatus migratorio de un individuo pueda haber sido utilizado en su contra en la corte. Por ejemplo, las compañías de seguros o los abogados defensores pueden haver utilizado el llamado de ICE como una amenaza para obligar a los demandantes indocumentados a aceptar para protegerse de la detención. Esta táctica es poco ética; todos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a abogar por sí mismos en la corte y recibir un juicio justo.
Con esto en mente, ell fallo del juez Rakoff es increíblemente importante para aliviar los temores de los inmigrantes que simplemente están tratando de ejercer su derecho legal a participar en los procedimientos judiciales. Con suerte, esto alentará como testigos en casos, así como a proteger sus propios derechos legales en los tribunales. Las personas indocumentadas tienen el derecho de presentar demandas y recibir justicia al igual que cualquier ciudadano de los Estados Unidos.
Con respeto a los trabajadores indocumentados, aunque hay mucho debate en los Estados Unidos sobre cómo el estatus migratorio debe afectar el empleao, no es un delito trabajar en los Estados Unidos sin documentación. La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA) prohíbe a los empleadores contratar a sabiendas trabajadores que no están autorizados para trabajar en los Estados Unidos, pero no impide que los trabajadores obtengan empleo basándose únicamente en su estatus migratorio. Por ejemplo, se requiere que un verifique el estatus migratorio de un emplado antes de contratar, pero si el empleador no lo hace, y el empleado es indocumentado, el empleado no tiene la culpa de tomar el trabajo y trabajar.
Además, bajo las leyes federales y de Nueva York, los derechos de los trabajdores indocumentados son los mismos que los derechos de cualquier trabajador. Bajo las leyes federales como la Ley de Normas Laborales Justas, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, los trabajadores indocumentados se definen como empleados y no están excluidos del derecho a recibir salario mínimo y trabajar sin discriminación, por ejemplo. Y de acuerdo con el Departamento de Trabajo de Nueva York, independientemente de su estatus migratorio, todos los trabajadores tienen derecho a presentar una reclamación de compensación de trabajadores.
En Block O’Toole & Murphy esperamos que este fallo aliente a los indocumentados a ejercer sus derechos y participar en procedimientos legales sin temor. Ya sea para presentar una demanda por lesiones personales como demandante, testificar como testigo en otro caso, o participar en un tribunal de familia, por nombrar solo algunos ejemplos. Todos los inmigrantes indocumentados tienen derecho a participar en el sistema judicial de los Estados Unidos.